En una actividad de formación destinada a miembros de la Sociedad Rural de Rafaela, Fundación Castellanos y Productores Unidos se presentaron las conclusiones de un informe de la Universidad Católica de Santa Fe sobre estas temáticas.
Este lunes se llevó a cabo en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela un taller a modo de capacitación para integrantes de la Comisión Directiva y grupo GAMA sobre el “Derecho y gestión ambiental post pandemia”.
La actividad estuvo dirigida por Nancy Tognola, abogada, Magister en Administración Estratégica de Negocios, docente de carreras de grado y posgrado de Derecho Ambiental en la Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Misiones. Además, es directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal de la UNaM.
Lo que se hace en estas capacitaciones es “difundir un informe que hicimos post-pandemia del derecho y gestión ambiental, en su impacto de forma positiva, además de identificar algunas oportunidades y algunas amenazas”. La intención es compartir datos jurídicos que surgen de análisis con un enfoque regional.
La referencia está dada al relevamiento de eco-regiones, donde más allá de la geografía se contemplan influencias inmigratorias, condiciones de suelos y ambiente, especialmente donde la Universidad Católica de Santa Fe tiene sus sedes.
“Hemos identificado ciertas oportunidades que se pueden potenciar, mientras que hay algunas amenazas relacionadas a la educación ambiental que tiene algunas falencias”. El planteo de la Dra. Tognola se orienta a la necesidad de incluir elementos jurídicos en los conceptos que se presentan para el ordenamiento de lo ambiental en todo el país, también respetando la vocación emprendedora ligada a este ámbito.
“Hay que trabajar entre todos los sectores porque el derecho ambiental, los derechos vinculados al ambiente están receptados en la Constitución como un derecho-deber, por tanto, todos somos responsables, cada uno tiene que colaborar en su sostenimiento”, partiendo de las individualidades, de las familias, de las instituciones educativas, de las intermedias y también de los ámbitos decisorios de políticas.
“Esta investigación identifica qué ha pasado en el contexto internacional, en los contextos regionales y también cómo ha respondido Argentina en su ordenamiento jurídico”, sostuvo.
“En función de la pandemia y su superación, la intención es brindar elementos para saber qué hacer en la gestión empresaria, que debe reforzar sus acciones, sobre todo en cuanto a lo relacionado a la responsabilidad social empresaria, en todo lo que tiene que ver con la auto regulación, las mejoras de conductas ambientales desde el convencimiento, desde la ética y no sólo desde una regulación del Estado, que ya se ha visto que termina teniendo poca efectividad”.
Durante el taller se hizo un repaso de la normativa vigente, se repasó el impacto del ambientalismo extremo que se aleja del estado de derecho, de las diferencias de la legislación y sus posibilidades de cumplimiento entre otros países o bloques continentales y Argentina.
Existe una necesidad concreta en cuanto a la educación ambiental, pero que no tenga rasgos partidarios o que responda a intereses económicos, pero en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.
Se repasaron aspectos incluidos en la Constitución Nacional de 1994, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el conocimiento de sus integrantes sobre el tema, e incluso sobre las 12 leyes de presupuestos mínimos al respecto.
En Argentina las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una influencia menor al uno por ciento en cuanto a lo global, por lo tanto, la posición nacional frente a las demandas de ajuste en la gestión tiene una situación mucho más acomodada y del mismo modo, más oportunidades para responder activamente, por lo tanto, la normativa debe acompañar a los emprendimientos en el sentido ambiental, para mejorar la producción y respetar esquemas de forestación, que son fundamentales en esta área.
