El aporte de la ciencia para entender los alcances de los fitosanitarios.
La Ing. Agr. Ms. Sc. June Allison Thomas, en un documento entregado a Sociedad Rural de Rafaela en el mes de diciembre de 2020, informa sobre los organismos y procedimientos a nivel internacional y en nuestro país, para entender las decisiones que se han tomado en relación a la protección de la salud por el uso de fitosanitarios, y en especial del glifosato.
En relación al uso de productos fitosanitarios existen procedimientos que aplican los organismos responsables de proteger a la salud humana y el ambiente, basados en el trabajo y las conclusiones de Comisiones Científicas nacionales e internacionales a partir de las cuales se definen las estrategias de manejo, de acuerdo a los riesgos que tenga cada uno, siempre sobre la base del método científico. A partir de ello se recomienda su uso, aplicación y cuidados.
Las conclusiones se analizan con agendas acordadas en función de los resultados de los trabajos de investigación de todo el mundo, de investigadores jerarquizados y de publicaciones con referato.
En nuestro país, en todos los casos los fallos judiciales y ordenanzas comunales o municipales, apelan al principio precautorio de la Ley General del Ambiente, ignorando la evidencia científica demostrada por las Comisiones de Científicos de los organismos regulatorios.
Según manifiesta la Ing. Agr. Ms. Sc. June Allison Thomas en la ciudad de Rafaela, el proyecto de ordenanza para modificar la normativa vigente, utilizó como principal argumento las conclusiones del IARC (International Agency for Research on Cancer, de la Organización Mundial de la Salud), que se conociera en 2015. “Que el glifosato fue categorizado en el ´Grupo 2A´, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud, ´probablemente cancerígeno para los seres humanos´. Esta categoría se utiliza cuando hay ´pruebas limitadas´ de carcinogenicidad en humanos y ´suficiente evidencia´ en animales de experimentación”.
Y agrega que, al mismo tiempo, en varias localidades de la provincia de Santa Fe y del país, se discuten prohibiciones y se dictan fallos para imponer esta restricción respecto a la distancia, siempre aludiendo a un daño a la salud, o al ambiente, con referencia siempre al glifosato, pero desconociendo hallazgos e investigaciones científicas.
Lo que destaca Thomas son las conclusiones de la IARC, diferenciando claramente el significado de “peligro” y “riesgo”. Un «peligro» de cáncer es un agente capaz de causar cáncer en algunas circunstancias, mientras que un «riesgo» de cáncer es una estimación de los efectos cancerígenos esperados de la exposición a un peligro que podría originar cancer. En la mayoría de los estudios relacionados al peligro, se extraen estas conclusiones en laboratorio, con pruebas in vitro o en animales vivos.
El rol del IARC es identificar potenciales peligros, mientras que el de los entes regulatorios de los países a través de sus Comités Científicos, es asegurar que esos peligros son adecuadamente manejados y apropiadamente controlados (de acuerdo a las reglas para su uso) y de evaluar los riesgos sobre la salud y el ambiente.
Regulaciones
La manera en que corresponde proceder y valiéndose de la referencia del SENASA y otros organismos regulatorios, es preguntarse, “¿después de la publicación del IARC, que decisión han tomado los Comités Científicos de los organismos regulatorios, con los de más altos estándares para garantizar la salud de sus ciudadanos en cada país, respecto al uso del glifosato?”.
Revisando los estudios y decisiones de las Comisiones Científicas de mayor jerarquía en análisis de riesgo (2019-2020), se encuentra coincidencia en las conclusiones de los organismos de mayor prestigio internacional: La European Food Safety Authority, la Australian Pesticides and Veterinary Medicine Authority, United States Environmental Protection Agency, Pest Management Regulatory Agency de Canada; y Environmental Protection Authorities de Nueva Zelandia, quienes acuerdan que es improbable de que el glifosato genere cáncer, y que no hay riesgos para la salud humana, mientras se utilice según lo indica la etiqueta. En ninguno de los estudios de literatura abierta identificados para la consideración, que fueron analizados, se encontró que tiene un impacto para la salud en humanos.
La Comisión Científica para el estudio del Glifosato en Argentina, SENASA-CONICET (decreto 2009) se basó en documentos presentados que se sustentaron en estadísticas y registros de entidades oficiales, de organismos internacionales y estudios nacionales e internacionales, publicados con referato, de manera de reflejar aquella bibliografía que permita asegurar la mayor confiabilidad en las conclusiones. Los estudios epidemiológicos revisados no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer, o efectos adversos sobre la reproducción. No existe riesgo significativo para la salud humana. El glifosato no provocaría ni favorecería el desarrollo de la enfermedad.
Las Comisiones Científicas de los organismos de control han revisado miles de estudios publicados y continuarán monitoreando la literatura abierta para estudios que usan una metodología científicamente sólida y apropiada, además de rutas relevantes de exposición que tengan el potencial para impactar la evaluación de riesgos del glifosato.
Es clave destacar que corresponde a las autoridades de control, vigilar y asegurar que se cumplen estas condiciones y la aplicación de las buenas prácticas agrícolas para reducir posibles consecuencias negativas.
Thomas informa que, “la actividad científica exige la revisión crítica de las experiencias y resultados por medio de la justificación y argumentación desde los métodos y recursos científicos. Se debe considerar con objetividad científica si los resultados obtenidos ponen en riesgo la supervivencia de los ecosistemas, la vida humana y de otras especies, o afectar los derechos humanos reconocidos”.
Los estudios epidemiológicos revisados e informados hasta el 2021, no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer.
Novedades a Junio de 2021
Información de la Comisión Científica (AGG) para evaluar el uso de glifosato en Europa, a partir de la fecha de renovación (2022).
Para reformar la actual reglamentación que rige en Rafaela se ha intentado instalar que, en el mundo, el glifosato se prohibirá a partir del año próximo. Esta manifestación debería ajustarse a la realidad, ya que la fecha límite sólo aplica a Europa y con modificaciones que se han presentado en los últimos días.
El glifosato está aprobado actualmente en la Unión Europea hasta el 15 de diciembre de 2022, en cumplimiento de su cronograma de renovación de registro. El 10 de mayo de 2019, la Comisión designó a cuatro Estados miembros (Francia, Hungría, Países Bajos y Suecia, que actúan conjuntamente en la evaluación del glifosato (AGG). Para obtener evidencia científica para la renovación del glifosato, se han recibido en la comisión (hasta junio del 2020): 1507 estudios de investigadores y publicaciones reconocidas, 12000 artículos publicados sobre Glifosato sus metabolitos, un total de 181.911 páginas, para ser analizadas por 150 profesionales expertos en diferentes disciplinas, de los países europeos.
Para lograr transparencia, todas las copias de los informes son publicadas. Los resúmenes publicados incluyen la metodología empleada, los resultados obtenidos, y las ecuaciones y explicaciones para que sean posibles de analizar por otros investigadores.
Concluyeron que no había justificación para clasificar al glifosato como carcinógeno, tóxico para la reproducción, tóxico para órganos específicos, mutagénico, o genotóxico, o perturbador de la funcionalidad endocrina.
Forma de aplicación
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueven la adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas durante el proceso de producción de materias primas, forrajes y alimentos, por considerar que, de esa manera, se satisfacen las exigencias de calidad y seguridad de los bienes así producidos, al tiempo que contribuyen a conservar los recursos naturales involucrados. A nivel nacional se propone con amplio consenso la una ley sobre la aplicación de las BPA, que aún no avanza.
En Europa la EFSA propone que la utilización de los productos fitosanitarios para superficies agrícolas cercanas a áreas frecuentadas por personas comienza a partir de los cinco metros y hasta los 50 de distancia, dependiendo de la ubicación y de las definiciones de cada país miembro, pero teniendo en cuenta que la deriva promedio se ubica en los diez metros desde las líneas establecidas como límites periurbanos.
En nuestro país, las experiencias obtenidas a lo largo de 41 jornadas técnicas sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios, en nueve provincias y varias localidades entre las cuales se encuentra Rafaela, demuestran los valores alcanzados por las distancias de deriva medida en las aplicaciones que llegaron a los 9,7 metros, aun en condiciones meteorológicas desfavorables.
“Estos resultados deberían considerarse una prueba contundente, desde el punto de vista científico-técnico de que, si una ordenanza municipal incorpora como normativa a las buenas prácticas recomendadas, que están contenidas en los proyectos del INTA Rafaela y de la propia Sociedad Rural de Rafaela, y se realiza un efectivo control de las aplicaciones e información de los resultados a la población, es posible garantizar la protección de la salud humana y del ambiente, permitiendo una producción agropecuaria sustentable, para una población creciente y demandante de alimentos nutritivos y de calidad.
En contraposición al principio precautorio, que no obliga a la prohibición sino al control para evitar daños en la salud de las personas y en el ambiente, para lo cual se podrían valer las normativas de las buenas prácticas y del cumplimiento de normativas, queda expuesto que la validación científica de los hallazgos de la ciencia y el progreso de la tecnología de precisión permitiría una superación de esta instancia de debate que se plantea en el país y en la ciudad, a diferencia de lo que sucede en el mundo.
La ciencia y la tecnología están a disposición para colaborar en el avance hacia una mayor protección del ambiente y de las personas a nivel sanitario, pero también en su desarrollo socio-económico.
